Del 2008 al 2010 (Època Itziar Gonzalez), eren els veïns els que tenien por d'alguns individus afincats a l'Ajuntamnet i a la Guardia Urbana. Recordem la bofetada d'una senyora del Raval a l'Alcalde Hereu i que era només el reflexe del que molts veïns pensavem.
http://www.lavanguardia.com/vida/20100309/53897066469/una-vecina-del-raval-da-un-cachete-a-hereu-porque-no-soluciona-sus-problemas.html
En aquella època, tot i que l'Itziar Gonzalez ens deia: truqueu a la guardia urbana, truqueu a la guardia urbana. La guardia Urbana mai apareixia. I no només els veïns en rebiem les consequencies d'aquella gestió, la Itziar també les va rebre les consequencies.
Sembla que ara en lloc dels veïns, son alguns guardies urbanos els que estan esverats. Només desitjem que no tornem a èpoques passades on la regidora donava determinades ordres, mentre que a peu de carrer, se n'executaven "d'altres".
Durant els últims quatre anys els veïns hem estat bastant tranquils, esperem que la cosa continui i que si canvia, que sigui per millor. Estaria be que la guardia urbana estés al servei dels ciutadants i no al reves com en determinades èpoques passades, on els veïns semblavem els subdits d'alguns comandaments de la guardia urbana i de determinats polítics.
La inquietud y la preocupación entre los guardias urbanos de Barcelona por la llegada del equipo de Ada Colau
al Ayuntamiento no ha cesado, pero parece haber entrado en un compás de
espera. Esta prematura crisis de confianza se ha evidenciado en
comunicados públicos de los sindicatos y en programas de radio donde han
intercambiado pareceres miembros de BComú y portavoces de alguna central sindical.
Una
conjunción de fuerzas dentro del cuerpo policial del Ayuntamiento de
Barcelona ha forzado el repliegue público de los temores de la plantilla
a la espera de que el equipo de Colau dé un paso adelante. Una discreta
reunión de todos los sindicatos, la asociación de sargentos y la de
mandos de este cuerpo, celebrada el pasado martes, ha servido para, al
menos públicamente, tratar de pacificar las tensiones generadas por las
propuestas y postulados de BComú en el ámbito policial.
“Hay que
bajar el suflé y esperar a que se expliquen y a que nosotros nos
expliquemos”, resumía uno de los participantes en dicha reunión, de
cuyos debates se deduce que claramente se han creado dos polos que por
el momento no se atraen: la Guardia Urbana y BComú.
“No queremos entrar en una cadena de reproches. No contestaremos
mientras la otra parte se muestre prudente”, explica de modo tan
expresivo el secretario general del sindicato Sapol, la central
mayoritaria en el cuerpo.#1;
La falta de comunicación es un
elemento clave en esta polémica sin precedentes. Sin embargo, y por
mucho que esos contactos que se reclaman desde la Guardia Urbana vayan a
producirse tarde o temprano, muchos agentes en la plantilla de la
policía local barcelonesa temen que el modelo de seguridad que se quiera
implantar acabe transformándose en un repliegue de funciones y hasta de
imagen. “De 1991 hasta ahora, los policías locales han trabajado para
ganarse la confianza de las instituciones públicas, las otras fuerzas de
seguridad y la ciudadanía en su conjunto. Eso ahora mismo está en
riesgo. Se podría retroceder policialmente más de 15 años”, explica
Eugenio Zambrano, actual responsable en funciones del sindicato SPL-UGT.
Existen
causas inmediatas de este recelo entre los guardias urbanos, según
explican diferentes miembros del cuerpo de las distintas escalas. El
anuncio de la posible disolución de las unidades de orden público, hasta
ahora conocidas como UPAS y UNOC, y
que actualmente se agrupan bajo la Unitat de Suport Policial, es quizá
la más clara. Todas las fuentes consultadas hablan de ello como si se
refirieran a una gran amenaza que, como ve Zambrano, supondría un
retroceso en el modelo actual. “¿Y qué ocurre si un día tenemos una
grave crisis vecinal?”, se preguntaba esta semana un mando del cuerpo a
propósito de la posible disolución de estos grupos.
En círculos
privados, el actual jefe de la Guardia Urbana, el intendente mayor
Evelio Vázquez, ha confesado que lo que ha trascendido del programa de
seguridad de BComú es contrario al modelo aplicado en Barcelona desde la
llegada de los ayuntamientos democráticos y ello le resulta un grave
inconveniente para ejercer el mando. Se da por descontado que Vázquez no
seguirá al frente de la Guardia Urbana. Habrá muy probablemente, aquí
sí, una coincidencia de intereses: el jefe de la Guardia Urbana
no quiere seguir y BComú no querrá que siga. Si se cumplen estos
pronósticos, y en el entorno de Vázquez se dan por hechos, no tendría
por qué abandonar el cuerpo policial. Su plaza de intendente mayor es en
propiedad y está todavía lejos de la jubilación. Tiene 60 años y
querría cotizar dos o tres años más.
Aunque ya se habla
internamente de relevos, nadie en BComú ha hablado al respecto de forma
pública, a ninguno de los seis intendentes mayores que podrían ocupar la
plaza de jefe les apetece pasar a la historia como el mando que
desarticuló parte de la estructura tradicional de la Guardia Urbana.
“Por ahora no ha aparecido el valiente que quiera llevar el control de
la Guardia Urbana, aunque ya se haya podido producir algún contacto
extraoficial con alguno de ellos”, especulaba ayer una fuente de este
cuerpo policial. Existe, sin embargo, la posibilidad de que finalmente
no sea un intendente mayor el responsable operativo del cuerpo y se
designe un director de servicios no uniformado que dirija la Guardia
Urbana rodeado de una cúpula con los intendentes mayores.
Pero si
las causas inmediatas del recelo son algunos planteamientos de BComú
difundidos durante la campaña electoral, las causas remotas se remontan a
años atrás. Las acusaciones de torturas en la comisaría
de la Guardia Urbana de Ciutat Vella hechas por personas en la órbita
de la candidatura de BComú son un episodio que dentro del cuerpo no se
olvida. “Hablan de malas praxis cuando en el último año se han hecho
30.000 atestados y apenas hay cuatro o cinco denuncias todavía en
marcha”, explica Marcos González, del Sapol.
Además, el recuerdo
del documental Ciutat morta, en el que se insistía a través de varios
entrevistados en la versión de las supuestas torturas en la comisaría de la Rambla,
sigue siendo un elemento de distanciamiento. Los agentes recuerdan
siempre que dichas acusaciones de torturas ya fueron archivadas tras una
instrucción con totales garantías.
El número cuatro de la lista de Ada Colau, el abogado y futuro concejal Jaume Asens,
aparecía en el citado documental como miembro de la comisión de defensa
del Colegio de Abogados de Barcelona. Asens quiso lanzar ayer un
mensaje tranquilizador y dijo “no haremos nada antes de hablar con
ellos”. Respecto a la posible disolución de las unidades de orden
público, explicó a este diario que durante la campaña “se abrió un
debate sobre los antidisturbios porque hay áreas en las que hay
duplicidad de funciones con los Mossos que son lo que, según la ley
catalana de Policía, tienen competencia en esa materia".
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