“Nos han arruinado las vacaciones”, lamentaban ayer cuatro noruegas
de 28 años en el 5º 2ª del número 37 de la calle de Atlántida, en la Barceloneta.
Llevaban “unas 15 horas” sin agua corriente y un día sin poder salir a
disfrutar de la ciudad o la playa. “Tenemos que esperar a que nos llame
el dueño del piso. Está buscando un hotel que cueste lo mismo que lo que
nos ha cobrado”, explicó Andrea. Volvían de una mañana de compras el
pasado miércoles cuando encontraron un cartel en la puerta que decía que
el apartamento turístico que habían alquilado carecía de licencia.
Andrea y sus amigas tuvieron la mala suerte de hospedarse en uno de
los 35 pisos turísticos ilegales a los que el Ayuntamiento de Barcelona
ordenó el cese de la actividad el pasado miércoles. Fue detectado por uno de los equipos del plan de inspección en la Barceloneta, puesto en marcha el pasado lunes como respuesta a las protestas de los vecinos del barrio. Un día después, las turistas seguían allí, pese a que el Consistorio asegura que el cese ha de ser inmediato.
Los vecinos de este edificio afirman que están “contentos” con la
medida. “Hace tres años que tenemos gente que viene en manada, pone
música por la noche, estropea el telefonillo y hasta patea la puerta
cuando se emborracha”, cuenta el presidente de la comunidad, Julio
Sánchez.
Pedro Riera y su mujer, de 78 y 83 años, admiten que, al vivir en la
primera planta, el alojamiento no les causaba muchas molestias.
Aplauden, sin embargo, que se cierren estos apartamentos. “Hace cuatro
años tuvimos que gastar 1.500 euros en construir una pared para amainar
el ruido que venía de la otra finca, donde hay otro de estos. Mi mujer
se iba a otra habitación cada noche porque ni con las pastillas
conseguía dormir”, recuerda Riera.
“Nosotras tenemos hijos y familia en Noruega, no hemos venido en
busca de fiesta”, defiende Andrea. Ella y sus amigas han pagado 750
euros por un piso que encontró en Airbnb. “Nunca pensamos que pudiera
ser un apartamento ilegal. ¡Es una empresa tan grande a nivel mundial!”,
afirma. “Solo queríamos estar juntas y no en habitaciones separadas”.
Calles más arriba, David Osorio recibe a un par de turistas recién
llegadas a lo que él presenta como el hostal Be Happy. “Hay algo que os
tengo que decir”, anuncia antes de entregarles las llaves. Un equipo de
inspección había visitado el día anterior los cinco pisos de los que es
inquilino en una finca de la calle de Atlántida. Concluyeron que los
realquilaba como apartamentos turísticos sin tener licencia. “Yo alquilo
habitaciones, no pisos. Intenté pedir la licencia tres veces, pero
siempre me la negaron”, se defiende.
Osorio, de 28 años y responsable del “hostal”, afirma que está
“indignado” y “dolido”. “Daba trabajo a cuatro personas y clientes a los
negocios del barrio. Ahora cerraré y me iré con mi dinero a invertir a
otro lugar”, asegura a las puertas de la oficina que alquiló y nunca
llegó a abrir.
Su negocio, que incluye una página web en la que hasta el
miércoles se podía reservar pisos de otros titulares, opera desde hace
tres años, aunque la sociedad se constituyó el año pasado. Osorio se
excusa en que cuando comenzó no sabía que existía un Plan de Usos en
Ciutat Vella que prohibía otorgar nuevas licencias. “La dueña de la
finca dijo que ella se encargaría. Como vi que no lo hacía, lo intenté
yo, pero la Administración nunca nos dio la oportunidad”, se queja.
Ahora, ha decidido marcharse “para siempre” de la Barceloneta y dejar
atrás “el acoso” al que, afirma, le han sometido los vecinos durante la
última semana. “He tenido que poner cartones en la ventana porque tiran
huevos y me toman fotos. A los huéspedes también, y las cuelgan en
Internet”, denuncia mientras enseña el cristal roto de una de las
ventanas de sus pisos que, asegura, fue obra de unos vecinos. Andrea y
sus amigas tampoco se sienten bienvenidas en el barrio: “Por ahora, no
queremos saber más de apartamentos turísticos”.
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